Foto: Teatro Nacional de Costa Rica.

En Costa Rica, desde hace ya varios años, todos hablamos de las equivocaciones, ocurrencias e incluso de la falta de una política cultural del Estado Costarricense con respecto a la cultura. Falta, ocurrencias y equivocaciones que, de más está decir, trascienden ampliamente a los gobiernos de turno. 

Ya desde los años 70´s, alrededor del mundo, la definición de política cultural ha sido debatida en foros de antropología, sociología, psicología social y por supuesto, arte. 

García Canclini ha sido uno de los contribuyentes más preclaros de este debate:

Una política cultural tiene que ver con indagar cómo construir la nación, cuáles debían ser las tareas del Estado y de otros actores sociales para lograrlo. (2)

Si de construir una nación se trata, es evidente la importancia de incluir bajo este concepto el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, pero también las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados, quienes, presumiblemente, en conjunto, serían quienes podrían orientar el desarrollo simbólico de su sociedad, plantear y responder a sus necesidades culturales  como habitantes de esa sociedad, crear opinión al respecto y debatir y promover un consenso posible para un tipo de construcción social a su medida. (3) 

En el caso costarricense, la definición posible de una política cultural, en tanto espacio geográfico-temporal de carácter público, y por ello la construcción de la nación, no ha tomado en cuenta ni explícita ni implícitamente a estos tres sectores. Por el contrario, el Estado parece entender la política culltural como el conjunto de intervenciones que le son propias en materia cultural, enmarcándolas en lo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo y que abarca los cuatro años que dura el gobierno electo en el poder. 

El hecho de cambiar cada cuatro años de administración, ejercicio democrático del cual Costa Rica está orgullosa, implica, desafortunadamente y en el caso de la cultura, que cada gobierno trabaje con distintos conceptos de cultura, que muchas veces se encuentran definidos teóricamente en dicho Plan, pero sin correspondencia con los hechos reales de las instituciones y otras veces, incluso, que se entienda como la lista de actividades -numerosa la mayor parte del tiempo- que realizan las instituciones culturales, sin que éstas tengan, necesariamente, ni arraigo ni coherencia entre sí, ni con lo establecido en la teoría.

Por supuesto que han existido intentos de incorporar a las intervenciones del Estado, tanto a las instituciones civiles como comunales en la toma de decisiones, por ejemplo, en procesos sobre patrimonio intangible. Lo mismo ocurre con la empresa privada en relación con el desarrollo de industrias culturales, pero hay que decirlo: pareciera que al Estado le interesan las instituciones comunales y civiles, como público potencial de sus actividades centralizadas en la capital al salir de gira, que justifican presupuestos y llenan voluminosos informes de labores gubernamentales y la empresa privada como financiadora de estas mismas actividades. Nada más. Aunque la construcción de una política cultural y de una nación, es un derecho de sus habitantes, los gobiernos no han hecho que este derecho, sea un hecho.

Se aducen múltiples razones, la primera y principal, la falta de presupuesto. La segunda, las leyes de administración financiera que obstaculizan y dificultan la ejecución misma del exiguo presupuesto. Y es cierto. Las dos cosas ocurren en nuestro país. Pero no son las únicas razones reales. 

Tan importantes como estas dos primeras, está el hecho -cada vez más evidente- de la inexistencia de diseño de una política cultural desde los partidos políticos mismos. Es verdad: en época de campaña, cada partido político crea una Comisión de Cultura con sus preclaros partidarios en el campo específico y éstos trabajan, a veces arduamente, en este diseño. Pero, ¿qué pasa luego? A veces pasa que el Presidente Electo nombra en el puesto de Ministro de Cultura a una persona que no pertenece siquiera al sector cultural, pero que, por ejemplo, ha contribuido económicamente a la campaña o es una figura políticamente importante. Otras, nombra a alguien que, perteneciendo al sector, no trabajó ni de cerca con esta Comisión, pero que realizó algún tipo de trabajo proselitista durante la campaña. Y siempre, los buenos planes trabajados en campaña, quedan en el papel, archivados, para la próxima campaña. A su vez, este Ministro, nombra con los mismos criterios antes mencionados, a sus directores de instituciones culturales.

Esta cadena hace que, si existe algún diseño posible de política cultural, nunca trasciende el período de campaña y por ello, los cuatro años de gobierno y nunca se va a transformar en una política cultural del Estado Costarricense.

Al no haberla, ni siquiera tampoco habrá posibilidad de que enfrentemos, como nación, temas como el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad, la multiculturalidad de nuestra identidad, la problemática de la diversidad, la equidad, la heterogeneidad, por no citar más que a algunos de los más importantes. Ya no es momento histórico de políticas nacionales. Vivimos en un tiempo donde las inversiones en cultura e industrias culturales, atraviesan fronteras, nos conciben y tratan en forma globalizada. Vivimos épocas de migraciones enormes, de exilios, de transterrados que tratan de ubicarse en algún huequito del mundo. Costa Rica, en particular, con su enorme tasa de migración, es ejemplo de interculturalidad, una realidad que nos salta a la cara cada mañana cuando salimos a trabajar y que nos obliga, con carácter de urgente, a enfrentar el tema de una definición posible de la identidad que no caiga en el facilismo peligroso del nacionalismo.

Hasta ahora, en Costa Rica, la política cultural se concibe como cooperación intergubernamental, en una estructura que tiene, al menos, veinte años de atraso, incluso tecnológicamente hablando. Y aunque veinte años, para Gardel, no son nada, al no haber políticas de regulación y movilización de recursos a escala internacional, en palabras de García Canclini, no hay “reconstrucción de la esfera pública”:

Tal vez sea éste uno de los desafíos más urgentes en América Latina: construir instancias nuevas de circulación de bienes y mensajes culturales, liberar de aranceles la difusión de libros, multiplicar las coproducciones musicales y cinematográficas, lograr inversiones conjuntas para generar productos representativos de varios países. (4)

Es cierto también que la cultura, la educación y la salud fueron los principales afectados por la crisis de la década de los ochentas, donde las políticas económicas neoliberales pusieron en peligro al Estado mismo. 

Recuerdo que cuando en 1982 me ofrecieron la Dirección de la Compañía Nacional de Teatro, acepté sin pensarlo dos veces. Tal vez, debí haberlo pensado, ya que encontré una CNT en crisis financiera: no se pagaba ni la cuota obrera ni la cuota patronal a la Caja Costarricense del Seguro Social, habían deudas con proveedores, se alquilaba un espacio bajo amenaza de ser desalojados, habían dos elencos, uno llamado el elenco joven, que aún intentaba hacer algunas giras con una obra nacional y otro elenco que intentaba mantener en cartelera una obra clásica. No alcanzaba la subvención estatal para pagar gastos básicos como el agua, la luz y el teléfono, menos aún el anuncio cada noche de la función, el único vehículo de la institución estaba descompuesto y se alquilaba otro en condiciones que no eran convenientes.  Y lo más importante de todo: la institución no tenía políticas teatrales explícitas, más allá de un decreto de creación bastante explícito pero que enfrentaba dificultades concretas para su puesta en ejecución. Sobrevivía, con un elenco estable y un equipo técnico con bastante mística aún, como un ente productor de espectáculos. En los cuatro años en los que estuve allí, pagamos las deudas, nos pusimos al día a través de un arreglo de pago con la CCSS, adquirimos una microbús nueva, reiniciamos las giras, tanto nacionales como internacionales, unificamos los elencos, trajimos a tres directores invitados del extranjero: Júver Salcedo, Santiago García y William Oliver, hicimos talleres con invitados internacionales, hicimos un programa de radio semanal, hicimos una reestructuración para racionalizar las plazas de trabajo, establecimos los lunes de teatro, con lecturas, publicaciones y conferencias y se ahorró el dinero necesario para hacer el Teatro de la Aduana donde está hoy en día, en la Aduana.  Y lo más importante de todo: hicimos, entre la Dirección, el personal técnico y el artístico, unas políticas teatrales y culturales explícitas, que la concebían como un servicio público, como el agua y la electricidad, por lo que además, se retomaron las giras y la producción teatral de dramaturgia nacional como prioridades, junto con la investigación, rescate, estímulo y difusión del arte teatral a nivel nacional. Sin embargo, el gobierno entrante en 1986, decidió entregar la Aduana a FERCORI por doce años, hacer el galerón que conocimos hasta el año pasado con el nombre del Teatro de la Aduana y eliminar el elenco estable de la CNT de una vez y para siempre y con ello, parte importante de las políticas culturales y teatrales establecidas. A partir de este hecho, la CNT se transforma explícitamente en una empresa estatal productora de espectáculos. Podría ser adecuado y válido o no, como antes, podría haber sido adecuada y válida o no, la gestión teatral de la institución. 

¿Qué queremos decir con lo anterior? Que es cuestión de criterios y de concepción de la función que debe cumplir una compañía nacional de teatro, que es cuestión de cómo el Estado sueña su teatro y su apoyo a la difusión teatral y que para eso, debe partir de una definición posible de políticas culturales del Estado, pasar por el debate sobre el sentido y la función de una compañía teatral estatal, una tarea impostergable y que nos concierne a todos.  El Estado tiene el derecho y la obligación de asumir su responsabilidad sobre el patrimonio teatral y cultural; le corresponde devolver a su comunidad, cuáles autores y obras pueden participar de la formación de una identidad nacional y latinoamericana, conformada por seres humanos responsables de sí mismos, de su país y de su especie, obedeciendo lo que dice la Constitución Política y nunca, una línea de partido.

 

Sin embargo es cierto, tal y como prueba Jaime Ordóñez en su interesante artículo “Un-doing business (o la trampa de Costa Rica)”, que la torpeza, la lentitud, la falta de sentido y calidad humana de la burocracia costarricense, amenaza al estado en su totalidad, y más aún a las instituciones estatales dedicadas al arte y la cultura. Y esto tenemos que enfrentarlo y combatirlo todos. No se trata de tirar al bebé cuando tiramos el agua de la tina del baño. No. El combate a la corrupción, el deseo de transparencia y legalidad en el Estado, no puede ser la excusa de trámites y leyes interminables y entrabadas. Si eso fuera cierto, habríamos erradicado la corrupción del Estado, lo cual no es, ni lejanamente, cierto. 

 

De hecho, hoy, en los finales del 2011, el Ministerio de Cultura de Costa Rica, pobre como una rata, acaba de sufrir un nuevo recorte presupuestario.

Pero la falta de presupuesto hay que enfrentarla con agresividad y acciones concretas y no tratar de negarla y de acentuar un activismo exacerbado para ocultarla o paliarla. No sirve. Y no sirve por varias razones. La más grave es que acentúa en la sociedad el lugar común que concibe lo cultural como el espacio del ocio o el uso del tiempo libre, lo que acentúa a su vez un lugar suntuario y  superfluo al arte en particular y a la cultura en general. Lo anterior, además, refuerza el hecho de que los trabajadores de la cultura, “de todas maneras, hacemos cosas sin nada” o peor aún, “no necesitamos nada para hacer cosas”. Y esto no solamente no es cierto, sino que es basar la construcción y práctica de vida de una sociedad, en premisas falsas e injustas, que generan violencia.

Este mes de septiembre del 2011, se cumple el 80 aniversario del discurso que pronunció el poeta Federico García Lorca (1898-1936), con motivo de la inauguración de la biblioteca de su pueblo Fuente Vaqueros (Granada) en 1931, titulado “Medio pan y un libro”. En él, afirma las siguientes preclaras palabras:

No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.

El mundo que conocemos, América Latina y Costa Rica en particular, enfrenta en materia cultural, el mayor reto de su historia: sobrevivir. Pero sobrevivir no es mal vivir. Los hechos políticos y naturales más recientes nos demuestran con vehemencia, la importancia de tener un desarrollo sostenible, una inversión lúcida, una protección a los bienes intangibles, como la identidad. ¿Cómo hacerlo? No hay recetas, hay luchas. 

En un primer lugar, y en nuestro caso de trabajadores del teatro, a través de la construcción de un espacio de diálogo, de intercambio y debate de problemas nacionales en la ficcionalidad de la escena, poniendo así el granito de arena teatral en una responsabilidad que es de todos: la constitución de una comunidad nacional responsable de un frágil presente que, si descuidamos tan solo un poquito más, dejará de tener un futuro posible. Hablamos de la importancia del repertorio, de la elección de obras relevantes para la discusión de problemas nacionales.

En un segundo lugar, enfrentando dos tareas impostergables en materia de política cultural: 

Una inmediata, como sería el lograr el posicionamiento de Costa Rica como un país cultural y no solamente como un país verde, lo que devolvería a la cultura el lugar que ocupó en la construcción de la nación costarricense en el siglo XIX, entre otras cosas, volviendo a dignificar el trabajo de los artistas, artesanos y productores de cultura, que son fuente indudable de ingresos económicos para el Estado, aunque apenas se está empezando a medir, a diferencia de otros países, donde se tiene claramente consciencia de su importancia; y

Una a mediano plazo, como sería la iniciativa de impulsar, redactar y lograr aprobar leyes que incentiven y protejan la inversión privada en cultura. En Costa Rica hay empresas y mecenas privados que de hecho y sin ningún beneficio a veces, subvencionan proyectos de cultura. 

Mucho se habla del Estado benefactor para denigrarlo. Está bien. No tengamos Estado benefactor. Pero tampoco tengamos Estado indiferente a sus habitantes. El Estado tiene al menos, la responsabilidad de dar cuenta a quienes lo financian con sus impuestos, de cómo se concibe a sí mismo, de cómo diseña su futuro y para ello, la protección de la identidad bajo una definición posible y verosímil, responsable y solidaria de política cultural, es una tarea tan impostergable como ineludible.

©María Bonilla